Educación para la Ciudadanía

No sé si estáis al tanto de lo que se está cociendo en los centros educativos de nuestro país, pero tenemos polémica hasta en la Wikipedia. Después de leer hace un par de días este artículo de Libertad Digital comentado en DosManzanas, no he podido resistirme.

Las cosas claras, por favor.

La Ley Orgánica de Educación (LOE), que entró en vigor en mayo de 2006, introduce en el currículo educativo una nueva materia denominada "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos" que pretende formar a los alumnos y alumnas en el conjunto de valores recogidos por nuestra Constitución: una asignatura para formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los valores democráticos, para educar en el mínimo común ético constitucional. La base fundamental de los contenidos de esta asignatura son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los valores recogidos en la Constitución Española.

Creo que es importante saber que la Constitución no es una norma neutral; la Constitución posee un ideario educativo. La formación en dicho ideario educativo, recogido en su artículo 27.2, es de carácter obligatorio y al cumplimiento de dicho deber responde la creación de la nueva asignatura.

Mientras que, desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, la educación en valores constitucionales se ha introducido de manera transversal en el currículo -opción plasmada de forma explícita en la LOGSE, de 1990 y en la LOCE, de 2002- la LOE opta por crear una materia curricular específica. Con ello se pretende evitar que dicha formación se diluya entre el resto de contenidos educativos.

Esta misma materia curricular se imparte en 19 países europeos (16 de ellos miembros de la UE) -con este u otro nombre- como materia independiente. La preocupación por la educación para la ciudadanía democrática (en su denominación más habitual) está ampliamente extendida en Europa y España no tiene por qué constituir una excepción. El Comité de Ministros de los estados miembros del Consejo de Europa hizo de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de su política educativa. Poco después asignó máxima prioridad a esta propuesta al declarar el año 2005 "Año Europeo de la ciudadanía a través de la educación". Esta asignatura en la mayoría de los estados miembros ya ha sido incorporada. Incluso el gobierno de Berlusconi, nada sospechos de izquierdista laicista, ha incorporado una asignatura similar en Italia con carácter obligatorio.

Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso alternativos o sustitutivos de la enseñanza religiosa, no entra en contradicción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal a todas las actividades escolares. La nueva materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos y ciudadanas.

Para el Partido Popular y otros sectores conservadores, esta asignatura tiene unos graves riesgos de adoctrinamiento y de ahí su llamada a la insumisión bajo la excusa de objeción de conciencia. Sin embargo, hay que señalar que la objeción de conciencia a esta materia curricular es jurídicamente insostenible a la vista del mandato contenido en el artículo 27.2 de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es correcto hablar, por tanto, de objeción de conciencia, sino de absentismo escolar cuando se pretende excluir al alumnado de la asistencia a una asignatura que goza de todos los requisitos pedagógicos y que tiene como fin formar conciencias libres y comprometidas con los valores de nuestra democracia.

El PP afirma que Educación para la Ciudadanía es una materia dogmática que pretende difundir la ideología laicista del PSOE. Vamos a ver, chavalotes, los contenidos que incluye son la Constitución Española y los Derechos Humanos. Los profesores que impartirán la asignatura serán, en Primaria, los maestros; en Secundaria, profesores del área de ciencias sociales o filosofía y, en los centros privados, el director del colegio designará al profesor que imparte la asignatura. Es decir, funcionarios y profesionales como en el resto de las asignaturas. Incluso la patronal de colegios concertados católicos FERE imparte con normalidad la asignatura y ha preparado un manual de texto de la editorial SM.

Creo que es irresponsable llamar abiertamente a la insumisión y al incumplimiento de una Ley. El PP tiene todo el derecho a cambiar las leyes cuando tenga mayoría parlamentaria suficiente, pero hasta entonces tiene la obligación de cumplirlas.

Como dice Marisa Soleto Dávila, directora de la Fundación Mujeres, "todos nos hemos planteado que hay problemas sociales que sólo vamos a poder arreglar en las generaciones futuras. Lo pensamos porque depositamos en la educación nuestra esperanza de una sociedad mejor para nuestras hijas e hijos, frente a problemas, frecuentemente de orden estructural, que somos incapaces de resolver desde nuestra realidad cotidiana. Pero si queremos que los chicos y chicas que en este momento están en el sistema educativo aprendan a construir sus relaciones mutuas desde el respeto y sean capaces de un diseño social futuro sin problemas de asimetrías discriminatorias para con las mujeres en los espacios públicos y privados, es evidente que tendremos que darles criterios y fundamentos que les ayuden a superar los problemas que las personas adultas (sus padres y sus madres) no hemos sido capaces de resolver en nuestra vida, con la suficiente eficacia como para eliminar la discriminación social por razón de sexo".

No podemos cambiar esta situación confiando exclusivamente en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La educación para la igualdad dentro del sistema educativo, necesariamente, tiene que tener una visión más amplia y más integral. La tarea es conjunta y deberíamos estar hablando de todas estas cosas en lugar de discutir, como tozudamente se empeñan las posiciones sociales, políticas y religiosas más conservadoras, sobre si nos asiste o no un derecho individual para preservar, dentro de la escuela, modelos tradicionales de transmisión de valores.

Nadie quiere que la injusticia social de la discriminación por razón de sexo se perpetúe. En términos generales queremos que la sociedad futura esté libre de desigualdades que impidan un verdadero desarrollo social y un crecimiento democrático pleno, real y efectivo, o al menos eso declaramos la mayoría social. Confiamos en la educación como uno de los principales vehículos para ello. Pero cuando se hacen propuestas relacionadas con la apertura de modelos y contenidos que puedan cambiar las cosas, intentan convencernos de que debemos apelar a la libertad individual para pedir que las cosas no cambien, para reivindicar el valor social de modelos tradicionales que son, en parte, responsables de los problemas que queremos erradicar y así no hay manera.

Terminemos cuanto antes con debates circulares, promovidos por quienes no quieren que las cosas cambien, por quienes quieren conservar patentes de corso sobre la educación moral de la futura ciudadanía, y vamos a concentrarnos en proponer soluciones prácticas y valientes sobre cómo educar desde la escuela para conseguir un futuro con mejores y más equilibradas relaciones sociales entre mujeres y hombres dentro y fuera de las familias y de las relaciones afectivas y sexuales.

Quizá en un marco de debate más amplio sobre cómo abordar y desarrollar una educación para la igualdad desde el sistema educativo, cuestiones como la utilización del velo en la escuela por parte de las niñas de religión musulmana no nos producirían tantas dudas, ni nos generarían tantos problemas.

Aunque esto, también, forma parte de otra historia.